ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la izquierda, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en una cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)
Con el impulso de los resultados electorales y el objetivo de cerrar el año con superávit fiscal, el gobierno de Javier Milei avanza en una nueva etapa de recortes sobre los subsidios, la obra pública y los salarios del sector estatal. El plan apunta a alcanzar un resultado positivo equivalente al 1,6% del Producto Bruto Interno, una meta que exige un fuerte retroceso del gasto público en términos reales.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para cumplir con ese objetivo el gasto primario debería caer hasta un 16% interanual durante los últimos meses del año. Los rubros más afectados son los subsidios a la energía y el transporte, las transferencias a las provincias y la masa salarial de los empleados públicos, cuyos ingresos continúan rezagados frente a la inflación.
En este contexto, el deterioro del salario estatal dio lugar a un fenómeno que crece silenciosamente: el pluriempleo. Cada vez más trabajadores del sector público buscan una segunda fuente de ingreso para compensar la pérdida del poder adquisitivo, que ya supera el 30% real desde comienzos de año.
El recorte de subsidios, que hasta ahora permitió sostener parte del equilibrio fiscal, se traduce en aumentos de tarifas y servicios, lo que impacta directamente en los hogares de ingresos medios y bajos. A su vez, la paralización de la obra pública y la reducción de transferencias afectan a las economías regionales y al empleo en la construcción.
Si bien el Gobierno celebra la posibilidad de cerrar el año con superávit, los especialistas advierten que el costo social del ajuste es elevado. La contracción del gasto público, la caída del consumo y la falta de recuperación del salario real configuran un escenario de tensión económica que podría profundizarse en los próximos meses.
Mientras tanto, la administración libertaria busca mantener la disciplina fiscal como bandera política, aun a costa de un Estado cada vez más reducido y de trabajadores que deben multiplicar sus tareas para llegar a fin de mes.