El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el presidente defendiera el ajuste presupuestario al Hospital Garrahan argumentando que aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica “pondría en riesgo programas esenciales como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH”. Sin embargo, esa justificación expone una contradicción: los mismos programas de VIH que el mandatario menciona ya fueron recortados desde el inicio de su gestión.
El decreto que pospone la aplicación de la ley —ya aprobada por el Congreso— establece que su cumplimiento “afectaría las metas fiscales” y advierte sobre el impacto en otros planes sanitarios. En la práctica, la medida mantiene al principal hospital pediátrico del país con recursos bloqueados, pese a las denuncias de trabajadores por falta de insumos y salarios depreciados.
Mientras tanto, el propio Ministerio de Salud confirmó reducciones en las partidas destinadas a VIH, hepatitis y tuberculosis, lo que derivó en atrasos en la compra y distribución de medicamentos. Organizaciones de pacientes aseguran que hay tratamientos interrumpidos y campañas de prevención suspendidas en distintas provincias.
Desde el Garrahan, profesionales de la salud señalaron que el Ejecutivo utiliza el argumento del equilibrio fiscal para sostener una política de “abandono planificado”. “Nos dicen que no hay fondos para garantizar la atención de los niños, pero tampoco hay voluntad política para mantener los programas que mencionan como prioridad”, afirmaron.
El trasfondo revela una doble estrategia: por un lado, el gobierno intenta mostrar sensibilidad ante los sectores más vulnerables; por otro, continúa aplicando un recorte que afecta directamente a esos mismos grupos. La llamada “preocupación” por los pacientes de VIH se convierte así en un recurso discursivo que disfraza la reducción del gasto público y posterga la asistencia pediátrica.
Lo que queda expuesto es una política sanitaria que se pliega sobre sí misma, como una mamushka: cada capa de justificación encubre un nuevo recorte. Detrás del equilibrio fiscal, las víctimas siguen siendo las mismas —los niños del Garrahan y las personas que dependen del sistema público para sobrevivir.