El Ejecutivo nacional prepara una profunda transformación del sistema energético con vistas a 2026. Según anticipó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el plan incluye una reducción progresiva de subsidios, una reforma estructural del sector eléctrico y un fuerte impulso a las exportaciones de hidrocarburos, especialmente desde Vaca Muerta.
La medida más inmediata será la quita gradual de subsidios energéticos, que implicará nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas a lo largo del próximo año. El objetivo oficial es reducir el gasto en subsidios del 0,66% al 0,50% del PBI. El Gobierno busca que los usuarios de mayores ingresos paguen el costo pleno del servicio, mientras que los de ingresos bajos y medios mantendrán una cobertura parcial.
Otra de las prioridades es avanzar con la reforma del mercado eléctrico, un proyecto que el oficialismo considera clave para “liberar la competencia”. El plan contempla que las empresas privadas puedan comprar y vender energía o combustible directamente, sin la intermediación de compañías estatales como Cammesa o Enarsa. La intención es que el sistema gane eficiencia y transparencia, aunque especialistas advierten que podría generar mayor concentración y volatilidad de precios.
En paralelo, la Secretaría de Energía proyecta aumentar las exportaciones de petróleo y gas aprovechando el desarrollo de Vaca Muerta. González aseguró que el objetivo es posicionar a la Argentina como un proveedor estable de energía en el mercado regional y global, con precios competitivos y seguridad jurídica para los inversores.
El plan también incluye revisar los beneficios del régimen de Zona Fría, que subsidia el consumo de gas en provincias del sur y el oeste del país. El Gobierno considera que el esquema actual es “ineficiente y costoso”, por lo que se prevén recortes en su alcance y financiamiento.
La hoja de ruta energética, que será parte del Presupuesto 2026, apunta a consolidar el ajuste fiscal y atraer inversiones privadas. Sin embargo, la estrategia podría generar tensiones sociales y políticas por el impacto directo en las tarifas y en los costos de vida de los hogares. El debate sobre estas medidas se trasladará al Congreso, donde el oficialismo buscará respaldo para uno de los cambios más profundos del próximo año.