Tras la media sanción obtenida en el Senado, el Gobierno nacional aceleró las negociaciones con gobernadores y bloques aliados con el objetivo de bloquear en la Cámara de Diputados el proyecto que recorta las atribuciones presidenciales en el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
La iniciativa aprobada en la Cámara alta establece mayores restricciones: cada decreto debería referirse a una sola materia, tendría un plazo máximo de 90 días para ser tratado en el Congreso y perdería validez si no recibe un dictamen expreso. Para la administración de Javier Milei, estas condiciones significan un límite severo a una de sus principales herramientas de gestión.
En este escenario, funcionarios del Ejecutivo comenzaron contactos con mandatarios provinciales que mantienen un vínculo más dialoguista con la Casa Rosada. La apuesta oficial es que esos acuerdos permitan contener a parte de la oposición y garantizar un margen de maniobra que frene el avance del proyecto.
El tratamiento en Diputados se anticipa como el punto más complejo de la discusión. Allí, la oposición confía en que cuenta con los números necesarios para darle luz verde a la iniciativa, mientras el oficialismo prepara alternativas como proponer cambios en comisión o, llegado el caso, recurrir a un veto presidencial.
Más allá del desenlace legislativo, el debate pone en primer plano la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al equilibrio de poderes y a los mecanismos de control sobre las decisiones del Gobierno.