En poco más de una década, Argentina logró una reducción histórica en los embarazos adolescentes. Entre 2010 y 2022, la proporción de nacimientos en mujeres de 15 a 19 años cayó del 13,1% al 6,4%, lo que equivale a una disminución de casi el 50%.
Los especialistas coinciden en que este descenso no fue casual, sino resultado de políticas públicas sostenidas en el tiempo. La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral permitió incorporar contenidos sobre sexualidad y prevención en las escuelas, mientras que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), lanzado en 2017, garantizó el acceso a anticonceptivos, consejerías personalizadas y campañas de información en los territorios con mayores tasas de vulnerabilidad.
El impacto fue notorio: las tasas de fecundidad adolescente temprana (menores de 15 años) y tardía (15 a 19 años) mostraron descensos significativos, consolidando una tendencia que ubica a la Argentina como un caso destacado en la región.
Sin embargo, el desafío continúa. Persisten desigualdades entre provincias y sectores sociales, y en muchos casos la maternidad temprana sigue vinculada a la interrupción de trayectorias educativas y a la falta de oportunidades. Autoridades y expertos señalan que sostener y ampliar estas políticas será clave para alcanzar una reducción aún mayor y garantizar los derechos de niñas y adolescentes en todo el país.