Este lunes se oficializó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley 27.793, que establece la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fue sancionada por el Congreso y promulgada tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei, aunque su aplicación efectiva quedó postergada.
Tal como había anticipado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución de la ley se encuentra supeditada a que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Según cálculos oficiales, la creación de la nueva pensión prevista por la normativa demandaría un gasto superior a los $2,1 billones en 2025, cifra que ascendería a más de $4,7 billones en 2026.
De esta manera, aunque la ley ya tiene vigencia formal, el beneficio central que establece aún no podrá implementarse hasta que se garantice su financiamiento.