El presidente Javier Milei oficializó este miércoles los vetos totales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, dos normas que habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso y que contaban con un fuerte respaldo social.
La primera iniciativa establecía un refuerzo presupuestario para las universidades nacionales, con incrementos salariales para docentes y no docentes, mayor financiamiento para becas e infraestructura, y una inversión progresiva hasta alcanzar el 1,5 % del PBI. La segunda, en tanto, declaraba la emergencia sanitaria en salud pediátrica y fortalecía al Hospital Garrahan como centro de referencia, con mejoras en insumos, condiciones laborales y salarios para profesionales del área.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que ambas leyes carecen de fuentes claras de financiamiento y que implicarían un aumento del gasto público incompatible con los objetivos de equilibrio fiscal. En el caso de la emergencia pediátrica, el Gobierno estimó un impacto superior a los 115 mil millones de pesos, además de una reducción de recursos por la exención de Ganancias que preveía la norma.
El Congreso tiene ahora la posibilidad de rechazar los vetos si reúne los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, lo que permitiría restituir la vigencia de las leyes sin necesidad de la firma presidencial. Mientras tanto, universidades y sindicatos docentes anticipan protestas y un nuevo plan de lucha en defensa de la educación pública, mientras que organizaciones médicas expresaron preocupación por el retroceso en políticas de salud infantil.