El Gobierno argentino aprobó este jueves un nuevo régimen que permitirá a ciudadanos extranjeros obtener la ciudadanía sin necesidad de cumplir con el período mínimo de residencia, siempre que realicen lo que se considere una “inversión relevante” en el país. La medida, formalizada a través del Decreto 524/2025, representa un giro drástico en la política migratoria nacional y busca captar capitales en medio de un contexto económico desafiante.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, crea una Agencia específica encargada de analizar las solicitudes. Será este organismo el que defina, caso por caso, si las inversiones cumplen con el criterio de relevancia suficiente para habilitar el acceso a la ciudadanía. La Dirección Nacional de Migraciones, por su parte, tendrá un plazo de 30 días hábiles para otorgar o rechazar el trámite.
El proceso no será automático: cada postulante será evaluado también por la SIDE, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y el Ministerio de Seguridad, entre otros organismos. El objetivo es garantizar que no existan antecedentes penales, ni riesgos para la seguridad nacional o irregularidades financieras.
Aunque aún no se detallaron públicamente los montos mínimos ni los sectores estratégicos que calificarían como “inversión relevante”, desde el Ejecutivo anticipan que se priorizarán proyectos productivos que generen empleo o incorporen tecnología.
La medida fue presentada como una estrategia para dinamizar la economía argentina, en línea con políticas similares que existen en países como Portugal, Malta o Emiratos Árabes. Sin embargo, también despertó fuertes críticas por parte de sectores académicos, judiciales y políticos, que advierten sobre el riesgo de convertir la ciudadanía en un bien transable.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron la falta de transparencia del nuevo régimen y señalaron que podría abrir la puerta a arbitrariedades o negocios opacos, especialmente en un contexto de reducción de controles y ajustes institucionales.
Con este nuevo esquema, el gobierno de Javier Milei profundiza su política de apertura a los mercados, pero al mismo tiempo instala un debate complejo sobre el valor simbólico y jurídico de la nacionalidad en un país históricamente ligado a la tradición migratoria.