La Cámara de Diputados dio un paso clave en el tratamiento del nuevo régimen penal juvenil. Con el impulso del oficialismo, el plenario de comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto aprobó un dictamen de mayoría para avanzar con un proyecto que propone equiparar legalmente a menores de edad con adultos ante la ley penal. La iniciativa generó fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos, especialistas y legisladores opositores, quienes advierten que el texto vulnera principios constitucionales y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sin establecer diferencias en el tratamiento legal entre un adolescente de 14 y otro de 17 años. Además, el proyecto no contempla mecanismos de acompañamiento ni programas de reinserción para jóvenes en conflicto con la ley, dejando en evidencia un enfoque punitivo y sin prevención.
La reforma también habilita el encarcelamiento de menores en unidades penitenciarias para adultos, aunque con espacios separados. Sin embargo, expertos recuerdan que los organismos internacionales recomiendan centros especiales para adolescentes que respeten sus necesidades particulares. El uso extendido de la prisión preventiva sin límites definidos también genera preocupación.
Otro de los cambios más controvertidos es el establecimiento de una pena máxima de hasta 15 años para menores, lo que podría implicar que un joven de 14 años sea condenado a pasar toda su adolescencia y juventud en prisión, sin posibilidades de reconstruir su vida. Según UNICEF, no hay evidencia que demuestre que este tipo de medidas reduzca el delito, y señalan que en países con edades de imputabilidad más bajas, como Brasil o México, las tasas de homicidio son notablemente superiores a las de Argentina.
El proyecto también reinstala figuras del viejo sistema tutelar, permitiendo que un juez pueda separar a un niño o adolescente de su entorno familiar sin necesidad de escuchar su opinión, desconociendo el principio de que los menores son sujetos de derechos.
Organizaciones como la ONU, la OMS y organismos nacionales dedicados a la infancia insisten en que el encierro debe ser la última opción, y que el foco debe estar en medidas socioeducativas, restaurativas y protectoras para una población que aún se encuentra en proceso de desarrollo.