Crónica de una pelea anunciada: las 3 cifras que quebraron la relación entre Milei y los gobernadores

El Gobierno de Javier Milei acusó durante la noche de ayer a los gobernadores de ser los principales culpables de que la ley ómnibus vuelva a comisión, producto de que las facultades delegadas habían sido aprobadas parcialmente y artículos clave cómo el de las privatizaciones tampoco contaba con los votos necesarios para ser movilizados.

Lo acontecido en el pleno de Diputados fue producto de continuas semanas de fricciones entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales.

Luego de ser conocida la Ley Bases, las principales diferencias se dieron a raíz de las desregulaciones de las respectivas economías regionales. Los patagónicos consiguieron retrotraer la reforma sobre la Ley de Pesca, los gobernadores del centro defendieron a las pymes del biocombustible y así sucesivamente. Sin embargo, lo fiscal comenzó a tomar preponderancia con el pasar de los días: tanto por el lado de las medidas de subas de retenciones y otras más que se planteaban en el proyecto de ley como por la merma significativa de fondos que el Estado Nacional había empezado a ejecutar.

Así, a pesar de que el ministro del Interior Guillermo Francos intercedía con éxito en las primeras gestiones, la necesidad de los gobernadores de fondos frescos para alivianar sus cuentas y la del Gobierno por movilizar la ley sentaron las bases que terminaron por explotar los entendimientos entre ambos; generando un virtual juego de suma cero en la que ninguna parte se vio (ni se verá, al menos en el corto plazo) beneficiada.

El impuesto PAIS, la coparticipación y las ATN

La AFIP precisó la semana pasada que el impuesto PAIS había dado un salto astronómico de 1252% interanual en enero producto de las subas cambiarias de los últimos meses. Si se toma en cuenta la variación respecto a diciembre, este creció 25,4%; y la consultora LCG estima que para los próximos meses esta cifra será mayor.

Días antes de presentado el informe, los gobernadores habían calculado que la coparticipación del 30% del gravamen compensaba de manera casi exacta la pérdida de fondos producido por la reforma de Ganancias de 2023. La propuesta fue presentada a Francos y el vicejefe de Gabinete José Rolandi durante una reunión en el CFI convocada por los gobernadores de Juntos por el Cambio en la que asistieron diputados opositores y representantes de otras provincias dialoguistas como Martín Llaryora (Córdoba).

Si bien el ministro prometió remitirle la oferta al jefe de Estado, los mandatarios tomaron aquello como una decisión casi definitiva y se apuraron en anunciarlo a los medios. Milei respondió aquello con un fuerte operativo contraataque, anunciando que no se discutirían temas fiscales hasta después de que la Ley Bases no fuera votada en el Congreso.

Desde el Gobierno ya habían aludido días antes que el ajuste fiscal que estaban realizando y la recaudación de enero habían traído mejores condiciones de las planeadas.

Así, se había determinado que el capítulo fiscal inserto dentro del proyecto de ley podía debatirse en otro momento y que las fricciones generadas por suba generalizada de las retenciones en granos claves como la movilidad jubilatoria y otras más no era su prioridad en el corto plazo, aunque sí las privatizaciones y las facultades delegadas.

«Tendrán que sangrar ellos, hicimos las cuentas y con los nuevos índices que nos llegan estamos mejor de lo que pensábamos», indicaban desde Balcarce 50, dando a entender que, a su criterio, serían los gobernadores los más necesitados por aprobar rápidamente la ley con el fin de discutir con el Gobierno las nuevas políticas fiscales y una eventual reversión de la reforma de Ganancias, a los fines de incrementar la masa coparticipable.

Según datos de IARAF, las transferencias automáticas que se enviaron a las provincias más la CABA fueron de $2.290.000 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real del 11,1%. El rojo tampoco pudo ser compensado por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinadas a cubrir desequilibrios financieros de las provincias: estas transferencias cayeron un 98% interanual, lo que implica una virtual desaparición de los fondos.

«Antes Nación tenía déficit mientras las provincias tenían cuentas superavitarias, eso cambió. El ajuste ahora lo van a tener que pagar las provincias«, se escucha decir en los pasillos de Balcarce 50. Desde hace días que el Gobierno se mantenía firme en que el impuesto PAIS no se va a coparticipar. Aluden a que no tiene sentido hacerlo porque prevén levantar el cepo cambiario entre abril y mayo, con plazo máximo hasta junio.

Desde la Casa de Gobierno acusan a los gobernadores de Juntos por el Cambio de trabar las tratativas de la Ley Bases desde un comienzo. «Cuando proponíamos algunas subas de retenciones y nosotros lo creíamos necesario no lo convalidaban, pero después ellos nos pedían el favor por Ganancias», alude un funcionario, quien añade que la presión por el impuesto PAIS continuó hasta horas antes del debate a pesar de que el Presidente nunca consideró en coparticiparlo.

Para los gobernadores el vínculo con el Poder Ejecutivo Nacional estaba cortado desde hace varios días. El ministro Francos continuó como interlocutor, pero alegan que las semanas de negociaciones infructuosas con Milei ya no generaban incentivos para acercar posiciones sobre artículos clave del dictamen de mayorías cómo privatizaciones, facultades delegadas, la flexibilización para la deuda en moneda extranjera y la desregulación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

El quiebre de Milei con los gobernadores

El pronunciamiento del mandatario nacional y sus cuentas secundarias no hicieron más que confirmar las sospechas anteriores. «Difícil colaborar si no largan Twitter y dejan de hacer tantas boludeces», dijeron con pocas pulgas cerca de un importante gobernador, todo ello en referencia al tuit que enumera a los diputados que «votaron a favor del pueblo» y «en contra».

El fastidio de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio no se hizo esperar. Horas después de conocido el levantamiento de la sesión y la vuelta del dictamen a comisión, afirmaron que «cumplieron el compromiso asumido» con la administración de Javier Milei para acompañar el «paquete de emergencias y facultades» de la ley Bases, por lo que «no corresponde» que la Casa Rosada los responsabilice por el retorno de esa normativa a comisión en la Cámara de Diputados.

Así que «no corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley Bases», agregaron.

«Basta de tirar de la soga y mentir porque los gobernadores estamos acompañando y los votos están, así que no vamos a permitir más la falta de respeto», aseguró Ignacio Torres de Chubut en diálogo con TN. Mientras que el cordobés Martín Llaryora afirmó que «Argentina necesita la ley, por lo que debe continuar su tratamiento a través del diálogo, el consenso y el respeto mutuo».

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro remarcó por su parte que «el cambio que la Argentina necesita requiere decisión y coraje, pero también requiere respeto. Respeto por las instituciones, a las que el kirchnerismo siempre avasalló y respeto por nuestra gente, no gritándoles, como siempre les gritó el kirchnerismo», añadió. A la vez que el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se expresó más levemente, añadiendo que «hay un sector de la política que elige poner por delante los privilegios de unos pocos en perjuicio de una Argentina mejor».