Fabián Rodríguez Simón sigue demorando el proceso que analiza su extradición. En los tribunales de Comodoro Py tampoco avanza el expediente en el que está acusado por amenazar y extorsionar a empresarios de medios durante el gobierno de Macri.

Se cumplen mil días de la huida a Uruguay de Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y este operador y hombre clave de la mesa judicial de Mauricio Macri logra dilatar una decisión de la Justicia del país vecino sobre su extradición, mientras que tampoco avanza en los tribunales de Comodoro Py el expediente en el que elude desde 2021 la declaración indagatoria a la que lo convocó la jueza María Servini. Rodríguez Simón está acusado de amenazar y extorsionar a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, como emisario del macrismo que buscaba desapoderarlos de sus medios de comunicación, también con acciones de hostigamiento y ahogo financiero.

Rodríguez Simón se fue del país el 8 de diciembre de 2020 cuando ya sabía lo que se avecinaba. Servini lo citó con posterioridad para indagarlo el 26 de mayo y le concedió una postergación para el 17 de junio. Pero nunca volvió ni declaró por Zoom. En Uruguay, Pepín inició un trámite para que se lo reconociera como refugiado, con el argumento de que es un perseguido político. Servini lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional. Señaló su clara intención, para ese entonces, «de sustraerse a la Justicia». Aun así, se inició un largo y engorroso proceso que le permitió quedarse allá mientras tanto. El canal C5N lo encontró en marzo instalado en la zona del balneario La Barra, donde lleva una lujosa vida.

Cuatro rechazos de refugio

A comienzo de agosto de 2021 se hizo pública la decisión de la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) de rechazar el pedido de asilo por considerar que no había motivos para darle cobijo en Uruguay al exasesor de Macri. El 23 de diciembre de ese año, la jueza en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, resolvió en el mismo sentido. En julio de 2022, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo hizo lo mismo y le negó refugio. En marzo de este año repitió el criterio la Corte Suprema uruguaya.

Es decir, un organismo especializado (presidido por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados) y tres instancias judiciales, incluso, la más alta, dijeron que no había motivos para dar amparo a Rodríguez Simón. A través de su abogado, Jorge Díaz, volvió a la carga ante el máximo tribunal uruguayo presentó un recurso que se llama «excepción de inconstitucionalidad», para cuestionar el proceso en su contra. Esto motivó que la jueza Chamsarian suspendiera el proceso de extradición, algo que ya había hecho con anterioridad ante planteos de Rodríguez Simón. También dispuso que se eleve a la Corte.  Ahora -informaron fuentes de los tribunales uruguayos- se debe expedir el fiscal ante la Corte y luego estudiarán los planteos todos los supremos. Toda una increíble dilación, con mucho en común con parte del sistema judicial argentino.

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